Entre las efervescencias de la supuesta conciencia pandémica se colaron hace un año las pésimas condiciones en las que muchos trabajadores del campo se mueven desde hace muchos años por el país de cultivo en cultivo. Durante algunas semanas muchos descubrieron quiénes eran los trabajadores esenciales del campo que no pararon de recolectar sus alimentos en pleno confinamiento.
Otros conocieron que miles de esos jornaleros eran trabajadores inmigrantes, entre los que abundaban los que no tenían su situación regularizada en España, lo que les condenaba a unas situaciones laborales o de vivienda realmente vergonzosas.
La situación se repite un año después, como se ha repetido desde hace décadas. Miles de temporeros moviéndose por España viviendo en asentamientos de chabolas porque entre otras cosas, al no tener el permiso de residencia y trabajo, les impide acceder a contratos en condiciones o a un alquiler de una vivienda.
Solo en Huelva, ahora, en plena temporada de la fresa y los frutos rojos, hay más de 3.000 personas viviendo en asentamientos de infraviviendas. Hace un año se tomó cierta conciencia de la situación en la que estaban estos trabajadores, pero hace poco volvieron a incendiarse esos asentamientos, como también sucedió de nuevo en Almería y en otros puntos del país.
Hoy, un año después de que algunos descubrieran esta realidad, la vida de muchas de estas personas sigue anclada en la misma precariedad.
La cara: los jóvenes extutelados
Una de los perfiles mayoritarios en estas cosechas temporales, como la de las fresas y los frutos rojos en Huelva, es la de las temporeras marroquíes que llegan cada año, trabajan la cosecha y vuelven a su país.
Todo con el paraguas de un convenio laboral negociado entre patronales, sindicatos y ambos países. Entre los contratados hay que sumar desde hace 10 meses a jóvenes migrantes extutelados por las comunidades autónomas y que gracias a un Real Decreto específico aprobado en mayo del año pasado pueden acceder a un permiso de trabajo en el campo. Es la cara de la moneda en este año de pandemia.
El cambio legal que ha permitido a un grupo de jóvenes, la mayoría llegaron como menores a nuestro país y sin compañía de ningún familiar, y han podido acceder a un contrato y un salario.
Es la gran diferencia, tener o no los papeles (el permiso de trabajo y residencia) es el puente o el desfiladero para muchas de esas vidas. En un lado de la moneda, aquellos que han logrado los papeles para poder trabajar. En plena temporada de las fresas y los frutos rojos, en Huelva hay un centenar de jóvenes extutelados por la Administración que en muchos casos han conseguido su primer contrato en España, aunque algunos ya lo estrenaron el año pasado.
“Los chavales están muy contentos, el trabajo en el campo es duro, pero están pudiendo acceder a un contrato y un salario. Algunos son repetidores del año pasado y otros muchos tienen su primer contrato en España por esta vía. Hemos firmado un convenio con FresHuelva, que es una patronal de la zona, y ellos nos ponen en contacto con empresas y tienen el objetivo, que ojalá se pueda implantar, es que los chicos tengan continuidad laboral en otras campañas como los cítricos etc. Estamos a tope llevando a chavales a los cultivos, tenemos a más de 100 insertados laboralmente”, afirma Michel Bustillo de Voluntarios por otro Mundo, uno de los grandes defensores de aquel cambio legal en pleno confinamiento, decretado desde la Dirección General de Migraciones, que permitió acceder al mercado laboral a muchos de los chicos que Bustillo había visto crecer en sus centros durante los últimos año.
La cruz, la precariedad extrema
Sin embargo, en la otra cara de la moneda hay muchos más, miles de temporeros que también en Huelva siguen viviendo en chabolas, en su gran mayoría porque siguen en situación irregular, como en los asentamientos de Almería o de Lérida. Solo a esta provincia catalana se calcula que cada año llegan 35.000 temporeros para la recogida de las frutas. Aunque aún no ha comenzado su campaña ya están llegando temporeros y se teme que vuelvan a repetirse las escenas de grupos de estos jóvenes durmiendo en la calle.
«Este año supuestamente estamos esperando que el alcalde tome medidas para que existan alojamientos dignos. Estamos esperando a ver, porque no queremos que se repita lo del año pasado y otros años anteriores, que la gente duerma en las calles. El año pasado gracias al futbolista Keita Baldé pudimos ayudar a muchos, pero queremos que el alcalde de un paso más. Quiero decirle al alcalde que los temporeros que vienen a Lleida vienen a trabajar y necesitan una vivienda digna», reclama Serigne Mamadú, uno de los temporeros más conocidos, convertido en líder de las reivindicaciones de este colectivo, que espera que este año el ayuntamiento se implique más y evite escenas de sus compañeros durmiendo en las calles como el año pasado.
En esa labor sigue trabajando la activista Nogay Ndiaye: «La situación aquí en Lleida todo apunta a que será bastante similar a la del año pasado, con algunos cambios. La campaña aún no ha empezado pero la gente ya ha comenzado a llegar, muchos de las personas que ya han llegado no tienen documentación, no tienen permiso de residencia y nos encontraremos con la misma problemática de siempre, no pueden trabajar, no se les puede hacer un contrato, estas personas ya están durmiendo en la calle, por lo tanto, una situación muy parecida a la del año pasado».
Un año después, a pesar del interés puntual por saber quienes recogían nuestras frutas y hortalizas en pleno confinamiento, la demandada regularización de miles de estos trabajadores sigue sin llegar y tampoco está en la agenda del Gobierno.
Italia o Portugal pusieron en marcha regularizaciones parciales de miles de estos trabajadores esenciales durante el confinamiento.